La crisis de la vivienda también tiene género: una habitación propia, si puedes pagarla

Salarios más bajos, cuidados que no se pagan y menos alternativas cuando toca marcharse. Para muchas de nosotras, la precariedad habitacional amenaza algo más que la economía: limita nuestra libertad de decidir cómo y con quién vivir.

Una habitación propia. Virginia Woolf la reclamó como condición material para escribir y pensar con libertad. Casi un siglo después, demasiadas de nosotras seguimos haciendo cuentas para conseguir algo bastante menos ambicioso: una casa cuya próxima renovación no nos quite el sueño. La crisis de la vivienda afecta a personas de distintas edades, profesiones y niveles formativos, pero aterriza sobre una sociedad que ya reparte de forma desigual el dinero, el tiempo y las responsabilidades. El precio del alquiler puede ser el mismo; nuestra capacidad para pagarlo y las consecuencias de perderlo, no.

Hablar de vivienda con perspectiva de género exige mirar qué sucede antes de visitar un piso y después de recibir un aviso para abandonarlo. Qué ingresos tenemos, quién cuida, qué ahorros nos quedan y dónde podríamos ir si necesitáramos salir mañana. Porque entre el derecho a una vivienda y la posibilidad real de ejercerlo hay una distancia que muchas de nosotras recorremos con criaturas, trabajos precarios y una carpeta de documentos que nunca parece suficiente.

Crisis de la vivienda: la brecha salarial también paga alquiler

La desigualdad empieza en la nómina. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, publicada en mayo de 2026 con datos definitivos de 2024, las mujeres ganamos de media 26.904,90 euros brutos anuales, frente a 32.057,55 euros los hombres. La diferencia supera los 5.100 euros al año. Esa brecha anual reúne distintos factores, como la jornada y la distribución por ocupaciones; no equivale a cobrar ese porcentaje menos por realizar exactamente el mismo trabajo. Pero el alquiler se paga con ingresos reales, no con explicaciones estadísticas.

Un mismo recibo pesa más cuando disponemos de menos dinero. También nos resulta más difícil ahorrar para una fianza, asumir una mudanza o superar los requisitos económicos de una inmobiliaria. El problema no comienza necesariamente con el impago: puede empezar cuando quedamos fuera porque nuestra nómina no alcanza el umbral exigido. El anuncio dice “se busca persona solvente”. Todo lo que ha condicionado esa solvencia queda convenientemente fuera de la fotografía.

La precariedad habitacional también consiste en vivir sin margen. Pagar puntualmente mientras renunciamos a otros gastos, aceptar condiciones abusivas porque cambiar de piso resulta imposible o permanecer en una vivienda inadecuada por miedo a encontrar algo todavía peor. Tener techo no nos garantiza tener seguridad.

Criar sola y negociar con el mercado

La vulnerabilidad se concentra cuando solo hay una persona adulta para sostener económicamente el hogar y cuidar de los menores. Los datos del INE correspondientes a 2025 sitúan en el 50,6 % el riesgo de pobreza o exclusión social de quienes viven en hogares de un adulto con hijos dependientes. Es una medida de pobreza y exclusión, no una tasa de desahucios, y corresponde al conjunto de estos hogares, no exclusivamente a madres. Aun así, permite entender el escaso margen con el que muchas de nosotras afrontamos el coste de la vivienda cuando criamos solas.

La monoparentalidad y los cuidados tienen una dimensión de género que no desaparece al firmar un contrato. Para las madres que crían solas, una subida puede exigir más horas de trabajo precisamente cuando necesitan tiempo para cuidar. Y buscar una casa más barata puede implicar alejarse de la escuela, de familiares o de quienes ayudan cuando una hija o hijo enferma.

Por eso, la recomendación de mudarnos a otro barrio tiene algo de brillante ocurrencia pronunciada desde una vida ajena. No cambiamos únicamente de vivienda: podemos perder toda una infraestructura cotidiana. Lo que ahorramos en alquiler puede reaparecer como gasto en transporte, cuidados o tiempo. La solución individual vuelve a pasar por que nosotras hagamos más, lleguemos más lejos y durmamos menos.

Cuando perder la casa multiplica la desigualdad

El estudio Las mujeres ante los desahucios, del Instituto de las Mujeres, señala la especial vulnerabilidad de las mujeres solas con menores y de las migrantes. Entre nosotras, las mujeres migrantes pueden afrontar una combinación de inseguridad laboral, dificultades administrativas y obstáculos para acreditar los requisitos de acceso a un alquiler. No todas nosotras afrontamos el mismo riesgo: desde una perspectiva interseccional, la situación económica, la edad, la discapacidad y las condiciones de residencia se entrecruzan y modifican nuestras posibilidades de encontrar protección.

Conviene distinguir esa evidencia de una afirmación que las estadísticas judiciales generales no permiten sostener: no disponemos en su publicación habitual de una tasa nacional de lanzamientos desglosada por sexo. No podemos inventar cuántas de nosotras somos desahuciadas ni asegurar una probabilidad concreta frente a los hombres. Sí podemos analizar las desigualdades que nos dificultan conservar una vivienda y encontrar otra.

Además, perder la casa no siempre termina en una comisión judicial. Algunas nos marchamos ante una subida inasumible, otras aceptamos alojamiento provisional y otras volvemos a convivir con personas de las que queríamos independizarnos. La ausencia de un desahucio ejecutado no convierte esas salidas en decisiones libres. A veces solo significa que la expulsión ha ocurrido antes de llegar al juzgado.

Tener dónde ir también es poder marcharse

La vivienda resulta especialmente decisiva para aquellas de nosotras que necesitan abandonar una relación violenta. Decirles que salgan de allí puede ser necesario; garantizarles dónde vivir es lo que permite convertir esa indicación en una posibilidad. Sin ingresos suficientes ni alternativa segura, la salida puede depender de amistades, familiares o recursos temporales cuya disponibilidad no controlan.

La existencia de un programa estatal de soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género reconoce esa relación entre vivienda y protección. Pero el criterio para valorar la respuesta pública debe ser concreto: si nos ofrece alojamiento adecuado cuando lo necesitamos y nos permite reconstruir una vida. Nuestra autonomía requiere recursos materiales. El discurso del empoderamiento queda bastante deslucido cuando al terminar la charla no tenemos dónde dormir.

Maricarmen y nuestro derecho a permanecer

Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años de la vivienda madrileña donde había vivido durante siete décadas, ha dado rostro a esa inseguridad. Su caso tiene circunstancias jurídicas específicas vinculadas a un contrato antiguo y sus subrogaciones. No explica todos los conflictos de alquiler. Sí nos obliga a pensar qué significa perder la casa cuando también perdemos proximidad a las personas, los servicios y las rutinas que sostienen nuestra vida.

La movilización que desembocó en la acampada de Sol reclama respuestas colectivas. En el plano institucional, el Gobierno aprobó dos decretos de vivienda el 29 de septiembre, pero el Congreso rechazó ambos el viernes 2 de octubre. Las nuevas medidas no consiguieron mantenerse mediante su convalidación. Esa es la situación actual del llamado “decreto Maricarmen”: una respuesta legislativa frustrada que deja abierta la necesidad de nuevas soluciones.

La caída de los decretos no ha puesto fin a las protestas: la acampada de Sol sigue y este sábado 3 de octubre hay movilizaciones convocadas en más de 50 ciudades. Los sindicatos de inquilinas plantean ya una huelga general como siguiente paso para aumentar la presión. Mientras tanto, Junts dice que quiere negociar una propuesta alternativa, después de votar contra los dos decretos, y Sánchez sopesa un adelanto electoral.

De momento, ninguna de esas vías garantiza una solución. Entre nuevas negociaciones y posibles elecciones, el alquiler sigue venciendo a final de mes. Y quienes llegamos con menos ingresos y más responsabilidades de cuidados necesitamos algo más que otro anuncio: medidas que nos permitan vivir sin miedo a perder nuestra casa.

Una habitación propia para decidir

Una política feminista de vivienda debe atender a nuestro acceso, nuestra permanencia y nuestra posibilidad de marcharnos. Necesita contemplar ingresos, cuidados, accesibilidad y alternativas habitacionales; también evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre quienes ya disponemos de menos recursos. No basta con pedirnos que administremos mejor la escasez.

Una vivienda digna debería permitirnos quedarnos, irnos o empezar de nuevo por decisión propia. Sin doblar turnos hasta desaparecer de nuestra vida, sin depender de una pareja para llegar a fin de mes y sin esperar a convertirnos en un caso mediático para merecer protección. Porque una habitación propia sirve de poco si nunca podemos estar seguras de conservar la llave.

Foto de portada de: Reuters.