25N: más del 50% de las mujeres asesinadas en España desde 2003 vivían en zonas rurales

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suele llenar las ciudades de pancartas moradas y minutos de silencio. Pero una parte clave de esta realidad se juega lejos de las grandes avenidas: en los pueblos, donde la violencia machista es igual o más intensa, pero mucho menos visible.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde 2003 hasta hoy han sido asesinadas 1.333 mujeres por sus parejas o exparejas en España. Y detrás de esa cifra, hay una España rural que envejece, se despuebla… pero también donde muchas mujeres viven atrapadas entre la violencia y la falta de alternativas.

Violencia machista en cifras: una lacra que también vive en los pueblos

Los datos ayudan a aterrizar la magnitud del problema. La Estadística de Violencia de Género del INE señala que en 2024 hubo 34.684 mujeres registradas como víctimas de violencia de género, un 5,2 % menos que el año anterior, lo que equivale a 1,6 víctimas por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años. Son mujeres que han denunciado y cuyos casos han entrado en el sistema; es decir, la parte visible del iceberg.

Si miramos solo los asesinatos, distintas fuentes coinciden en un dato inquietante: el peso creciente del medio rural. Informes elaborados por organizaciones de mujeres rurales, a partir de las cifras oficiales de la Delegación del Gobierno y del INE, muestran que en 2024 más de la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género vivían en municipios de menos de 30.000 habitantes. Hablamos de alrededor de un 52,5 % de víctimas mortales en zonas rurales, con especial concentración en pueblos de menos de 10.000 habitantes.

Es decir: aunque la imagen social de la violencia machista sigue asociándose muchas veces a un piso en la ciudad, la realidad es que los pueblos concentran una proporción desproporcionada de asesinatos.

Al mismo tiempo, la estructura demográfica del campo tampoco juega a favor. En las áreas rurales, la tasa de empleo de las mujeres es del 41,9 %, frente al 53,7 % de los hombres, y el paro femenino supera en más de cuatro puntos al masculino. Esa desigualdad económica se traduce en algo muy concreto: menos dinero propio, menos capacidad para irse, más dependencia del agresor.

25N: Por qué es más difícil salir de la violencia en un pueblo

La violencia machista comparte patrones en todo el país: control, aislamiento, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, violencia económica, violencia vicaria sobre las hijas e hijos. Pero el contexto rural introduce capas extra de dificultad.

La propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado, en estudios específicos sobre mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, que en los pueblos se combinan varios factores de riesgo: mayor aislamiento geográfico, servicios más dispersos, dificultades de transporte, falta de anonimato y una fuerte presión social para “no dar qué hablar”.

En un pueblo pequeño, el agresor no es “un desconocido”: puede ser el ganadero del que dependen los ingresos de la familia, el primo que trabaja en la cooperativa, el concejal del ayuntamiento o el vecino que comparte barra de bar con el alcalde. Todo el mundo se conoce, y eso hace que muchas mujeres teman no ser creídas o sentirse señaladas si denuncian.

A esto se suma la dependencia económica, como apuntábamos anteriormente. Aunque casi el 48% de la población rural son mujeres, su presencia en la titularidad de explotaciones agrarias y en los órganos de decisión sigue siendo muy baja. Muchas trabajan en la explotación familiar sin cotizar, sin contrato y sin ingresos propios reconocidos. Si su nombre no aparece en la escritura, si no tienen nómina, la idea de “me voy de casa” se convierte en un salto al vacío.

Los servicios especializados en violencia de género también llegan peor. En muchas comarcas hay un solo punto de atención que cubre cientos de kilómetros, o recursos compartidos entre varios municipios. Aunque existan teléfonos y recursos estatales como el 016, la percepción subjetiva de muchas mujeres rurales es que están más lejos de todo: de la comisaría, del juzgado, de la trabajadora social… y de una red de apoyo que no dependa de la familia política o del propio agresor.

Silencios, mitos y resistencias en el medio rural

A los obstáculos materiales se suman las barreras culturales. En numerosos pueblos sigue pesando la idea de que los “problemas de pareja se arreglan en casa” y que denunciar es “romper la familia”. La mujer que da el paso puede sentirse cuestionada por su entorno o directamente culpabilizada.

Los estudios cualitativos sobre violencia de género en el ámbito rural recogen testimonios de mujeres que tardaron años en identificar lo que vivían como violencia, porque el maltrato era visto como “lo normal” en su entorno. Insultos, humillaciones, control del dinero o del móvil, restricciones de movimientos o de amistades… no siempre se reconocen como violencia, sobre todo en contextos donde el machismo está profundamente naturalizado.

Además, el miedo al qué dirán actúa como un muro. Sabes que, si vas a la Guardia Civil, es probable que alguien te vea entrar al cuartel; que, si te vas de casa, la noticia recorra el pueblo en cuestión de horas. Y si hay hijas o hijos en común, la presión aumenta todavía más.

Pese a todo, hay también resistencias y redes de apoyo. Asociaciones de mujeres rurales, como las que impulsan observatorios específicos sobre violencia de género en el medio rural, están poniendo nombres y apellidos a lo que pasa en los pueblos y reclamando que se cuente. Una de ellas es FADEMUR, a la que las mujeres pueden acudir en busca de apoyos.

Su mensaje es claro: sin datos desagregados y sin políticas adaptadas al mundo rural, la respuesta frente a la violencia machista seguirá siendo incompleta. Por eso presionan para que cada asesinato se analice también por tamaño de municipio, acceso a recursos y contexto concreto, y para que los Puntos de Encuentro, los servicios psicológicos y la formación de profesionales lleguen hasta el último pueblo.

25N: Qué se está haciendo y qué falta por hacer en la España rural

En los últimos años se han puesto en marcha distintas medidas para intentar llegar mejor a las mujeres del medio rural: desde programas de sensibilización en centros de salud, escuelas y cooperativas agrarias, hasta unidades móviles que acercan asesoría jurídica y psicológica a municipios pequeños. Algunas comunidades autónomas y diputaciones han incorporado la perspectiva rural a sus planes contra la violencia de género, y la propia Administración General del Estado se ha comprometido a reforzar la recogida de datos y la macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres.

Pero quienes trabajan sobre el terreno insisten en que sigue faltando un enfoque estructural. No basta con llevar un taller al pueblo si luego no hay transporte para acudir a una orden de protección, si la mujer depende económicamente del agresor o si la única alternativa habitacional está a cientos de kilómetros. La violencia de género en el ámbito rural se cruza con la despoblación, el envejecimiento, la falta de

Este 25N, mientras las manifestaciones llenan las capitales, muchas mujeres en el ámbito rural seguirán haciendo cuentas en silencio: si pueden pagar un alquiler, si alguien las creerá, si sus criaturas estarán a salvo. Hay que recordar que la violencia machista también tiene acento rural no es un gesto simbólico: es una llamada a que las políticas públicas miren más allá del mapa urbano.

Porque sin pueblos seguros para las mujeres, no habrá una España libre de violencia de género, por mucho que las cifras oficiales bajen un año u otro.