Desapariciones forzadas infantiles: la herida abierta que sigue esperando justicia

El próximo 25 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Niños Desaparecidos, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las desapariciones forzadas infantiles, además de promover la prevención y la investigación para apoyar a las numerosas familias afectadas en todo el mundo. En muchos casos, son las mujeres (madres, hermanas y abuelas) quienes han asumido un papel central en la búsqueda de sus seres queridos. Ellas vuelven a ser punta de lanza con su empeño en esta búsqueda infatigable por la verdad.

En este marco, el próximo 3 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, la Asociación de la Prensa de Madrid acogerá el encuentro “Desapariciones forzadas infantiles. Diálogo por la Justicia y el Cambio Legislativo. Voces desde las víctimas”, organizado por Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) junto a otras entidades especializadas en esta cuestión.

Desapariciones forzadas infantiles: una realidad marcada por la violencia obstética e institucional

Más allá de su dimensión vinculada a la memoria democrática y a los derechos humanos, la jornada pondrá el foco en una realidad marcada por la violencia institucional y obstétrica ejercida contra mujeres y madres: la negación del derecho a la maternidad, la apropiación de los cuerpos reproductivos de las mujeres, el silenciamiento, la estigmatización y la falta de reparación durante décadas. De hecho, gran parte de las asociaciones y de las principales voces que han mantenido viva la búsqueda de la verdad y la justicia han estado encabezadas por mujeres víctimas y familiares.

Entre las personas participantes en la jornada estarán víctimas, especialistas internacionales y representantes de asociaciones, como Carmen Rosa Villa, integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU; María Bueno, de la Plataforma “Te Estamos Buscando”; Puy Navarro, hermana de un bebé desaparecido; así como otras madres de bebés robados.

Para conocer más detalles sobre la situación actual de las desapariciones forzadas infantiles, previo al encuentro “Desapariciones forzadas infantiles. Diálogo por la Justicia y el Cambio Legislativo. Voces desde las víctimas”, hablamos con Alessia Schiavon, directora de la FIBGAR, sobre la dimensión política, social y humana de uno de los episodios más silenciados de la historia reciente española.

Alessia Schiavon: “La desaparición forzada de menores es un crimen permanente”

Cada año, el 25 de mayo recuerda una realidad incómoda y todavía abierta: la de las desapariciones infantiles y los bebés robados. Lejos de ser una cuestión enterrada en el pasado, miles de familias continúan buscando respuestas décadas después. Madres que nunca pudieron ver el cuerpo de sus hijos; personas adultas que sospechan que su identidad fue alterada al nacer. Archivos inaccesibles, investigaciones paralizadas y un Estado que, según denuncian las asociaciones, sigue sin ofrecer mecanismos efectivos de verdad, justicia y reparación.

Schiavon insiste en una idea central: hablar hoy de desapariciones forzadas infantiles no es mirar únicamente al pasado. “Es un crimen permanente”, afirma. “No hablamos de algo que ocurrió y quedó cerrado: hablamos de personas que hoy, en este momento, siguen buscando respuestas”. Para la directora de FIBGAR, mientras existan madres buscando a sus hijos o personas que desconozcan su verdadera identidad, existe también una responsabilidad colectiva de seguir hablando y actuando.

“La deuda pendiente no es solo con las familias, sino con la democracia”

Uno de los conceptos que más aparece alrededor de esta lucha es el de “deuda pendiente de la democracia española“. Para Schiavon, la explicación es clara y profundamente política. “Una democracia no puede considerarse plena mientras haya personas buscando a sus hijos e hijas, a sus madres, a sí mismas”, sostiene. No se trata únicamente del sufrimiento individual de las víctimas directas, sino de una cuestión que afecta a los pilares mismos del sistema democrático.

La directora de FIBGAR considera que el problema interpela al conjunto de la sociedad porque lo que está en juego son derechos fundamentales: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En su opinión, una sociedad que normaliza el silencio o mira hacia otro lado ante crímenes de esta gravedad termina debilitándose éticamente. Por eso insiste en que la deuda pendiente “es con el contrato ético que sostiene la convivencia democrática”.

El encuentro que se celebrará en Madrid busca precisamente combatir esa invisibilización histórica y conectar la experiencia de las víctimas con la necesidad de impulsar cambios legislativos y sociales reales.

El peso de un duelo suspendido

A lo largo de nuestra entrevista, Schiavon recuerda el impacto psicológico que provoca vivir durante décadas sin respuestas institucionales. Habla de “un daño profundo y acumulativo” que no se limita únicamente a la desaparición o separación original.

Como veíamos, la violencia obstétrica e institucional es una constante. “Hablamos de mujeres a quienes se les dijo que su hijo o hija había nacido muerto sin mostrárselo, que firmaron documentos sin saber qué firmaban, que fueron sometidas a procedimientos médicos sin información ni consentimiento, en entornos hospitalarios o eclesiásticos que actuaban con total impunidad”, asegura.

Las víctimas, explica, no solo cargan con su duelo, sino también con la falta de reconocimiento social, con años de descrédito y con la necesidad constante de justificar su propio dolor. “No tienen solo su duelo: se le añade el peso de tener que demostrar que tienen derecho a tenerlo”, afirma.

En este contexto aparece un concepto clave: la victimización secundaria. Según Schiavon, cuando el Estado no investiga, no reconoce y no repara, el trauma original se perpetúa. La sensación de abandono institucional termina convirtiéndose en una segunda herida. Las víctimas viven con la percepción de que su sufrimiento no es importante y de que las instituciones que deberían protegerlas les fallan.

La directora de FIBGAR insiste además en que la ausencia de verdad tiene consecuencias reales y materiales sobre la salud mental y la vida cotidiana. “La ausencia de verdad enferma”, señala. Y no habla en términos metafóricos: se refiere a efectos concretos sobre las relaciones familiares, los proyectos vitales y la estabilidad emocional de quienes viven atrapados en una búsqueda interminable.

Son las mujeres quienes sostienen la búsqueda

Uno de los elementos más significativos de esta lucha es el papel central que han desempeñado las mujeres. Madres, hermanas y abuelas han sido, durante décadas, quienes han mantenido viva la búsqueda incluso cuando las instituciones guardaban silencio. Schiavon considera que fueron y siguen siendo el auténtico motor del movimiento y que, sin su persistencia, esta causa jamás habría alcanzado visibilidad pública. La directora de la fundación recuerda que fueron las propias mujeres quienes documentaron casos, acudieron a fiscalías, hablaron ante los medios y construyeron redes de apoyo. En muchos sentidos, afirma, “han tenido que suplir con su esfuerzo colectivo lo que el Estado se negaba a hacer“.

Pero además del trabajo práctico y político, Schiavon subraya el valor simbólico y democrático de esa resistencia. Considera que el legado de estas mujeres forma parte de la memoria democrática del país porque representan una forma de resistencia frente a la injusticia institucional. “Nos enseñan lo que significa no rendirse ante la injusticia institucional, lo que significa organizarse desde los márgenes para exigir derechos que nadie quiere conceder”, afirma.

Los límites de la Ley de Memoria Democrática

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática supuso un paso importante al reconocer oficialmente a los niños robados como víctimas. Schiavon valora ese avance y reconoce que, por primera vez, el Estado español admitió explícitamente que estos hechos ocurrieron.

“El reconocimiento es un paso importante, no lo vamos a minimizar”, señala. Considera que tiene un valor simbólico y jurídico evidente. Sin embargo, también advierte de que el reconocimiento por sí solo resulta insuficiente si no va acompañado de herramientas efectivas.

Además, Schiavon recuerda que estos crímenes no se limitaron únicamente al franquismo. Según explica, continuaron durante la Transición y llegaron incluso hasta bien entrada la década de los noventa, algo que todavía no siempre se reconoce con toda su amplitud. Entre las medidas que siguen faltando menciona el acceso garantizado a archivos, una fiscalía especializada, un banco nacional de ADN operativo y mecanismos reales de investigación. Sin esas herramientas, afirma, la ley “abrió una puerta que hay que seguir empujando”.

La directora de FIBGAR recuerda que existe una propuesta concreta paralizada desde hace años: el proyecto de ley presentado en 2018 y atascado en revisión parlamentaria desde 2020. Ese texto incluye medidas como un registro nacional de víctimas, pruebas de ADN gratuitas, asistencia psicológica y legal para las familias, acceso garantizado a archivos y el reconocimiento de estos hechos como crímenes de lesa humanidad. “Todo está escrito. Todo está articulado. Lo que falta es la voluntad política de convertirlo en ley”.

Pero por qué este desarrollo normativo está bloqueado. “El bloqueo responde a una combinación de factores. Es evidente que no existe el consenso político necesario, y es difícil no pensar que hay también un miedo real a las consecuencias de una investigación en profundidad. A eso se suma lo que podríamos llamar una cierta fatiga institucional con estos temas, que resulta incomprensible cuando hablamos de crímenes de esta gravedad”, apunta.

La desinformación como nueva forma de violencia

Además del silencio institucional, Schiavon identifica otro problema creciente: la desinformación. Considera que cuando la sociedad desconoce lo ocurrido o minimiza los hechos, se añade una nueva capa de violencia sobre las víctimas. “La desinformación es, en cierto modo, una tercera forma de victimización”, sostiene. Por eso, uno de los objetivos centrales de encuentros como el que se celebrará en Madrid es generar conocimiento riguroso y accesible, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Desde FIBGAR insisten en que las víctimas deben ocupar el centro del relato. “No somos protagonistas de esta historia: lo son las víctimas”, afirma Schiavon. El papel de la fundación, explica, consiste en acompañar, amplificar y construir espacios donde las voces de quienes llevan décadas buscando no vuelvan a quedar relegadas al margen. La directora insiste en que el cambio social no depende únicamente de las instituciones. “Ocurre cuando la sociedad civil decide que algo es inaceptable y actúa en consecuencia”.