La crisis de la vivienda también tiene género: una habitación propia, si puedes pagarla

La precariedad afecta a todas y todos y la crisis de la vivienda en España es transversal en cuanto a género, edad y nivel formativo. Sin embargo, en demasiadas ocasiones vemos que la crisis de la vivienda se ensaña con nosotras, porque sí, esta crisis también tiene rostro y nombre de mujer en demasiadas ocasiones. El de Maricarmen y tantas otras. De los salarios a las pensiones, de la crianza al miedo a denunciar: las mujeres llegamos al mercado del alquiler con menos margen para pagar y más que perder si nos echan. La acampada de Sol ha puesto rostro a una emergencia que lleva años llamando a la puerta y urge resolver.

Crisis de la vivienda: volvemos a acampar en Sol

La Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña. La imagen recuerda al 15M, aunque quienes acampan ahora han señalado una exigencia inmediata: medidas contra los alquileres inasumibles y los desahucios sin alternativa habitacional. La protesta siguió al desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa madrileña donde había vivido durante siete décadas.

Hoy, martes 29 de septiembre, PSOE y Sumar han anunciado un acuerdo para llevar dos decretos de vivienda al Consejo de Ministros, después de negociar hasta esta misma mañana. Los manifestantes han bautizado la iniciativa como «decreto Maricarmen», en recuerdo de la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada. Queda por conocer el contenido definitivo de las normas y, si se aprueban, comprobar si logran los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. Mientras tanto, el último módulo del INE sobre acceso a la vivienda constata que el 7,6 % de las personas de 16 años o más buscó casa en 2025 sin conseguir mudarse. Entre quienes buscaron y no cambiaron de residencia, el 67,2 % señaló el precio excesivo como motivo principal.

La brecha salarial: mismo alquiler, diferentes ingresos

A veces se habla de la crisis de la vivienda como si el mercado recibiera a cada persona con el mismo sueldo, la misma familia y una generosa cuenta de ahorro. La desigualdad empieza antes de visitar el piso. Según los datos definitivos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, referidos a 2024, las mujeres ganaron de media 26.904,90 euros anuales, frente a 32.057,55 euros los hombres. Son más de 5.100 euros de diferencia al año. Esa media no describe cada nómina ni explica por sí sola todas las causas de la brecha salarial, pero sí deja claro que un mismo alquiler puede comerse una parte muy distinta de los ingresos.

El golpe se concentra cuando solo entra un sueldo en casa y hay hijos a cargo. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa en el 50,6 % el riesgo de pobreza o exclusión social de las personas que viven en hogares de un adulto con menores dependientes. Ese porcentaje corresponde al conjunto de esos hogares, no exclusivamente a madres. Pero la monoparentalidad está fuertemente feminizada: el INE señala que los hogares de madre con hijos representan el 82,7 % de los monoparentales. Para muchas mujeres, compartir gastos no es una opción disponible y mudarse lejos de la escuela o de la red que ayuda con los cuidados tampoco es un simple cambio de código postal.

Crisis de la vivienda: cuando el desahucio llama a la puerta

Un lanzamiento es la parte visible del problema de la crisis de la vivienda. Antes suele haber meses de cuentas imposibles, avisos de subida, búsqueda de otra vivienda y negociación con alguien que puede permitirse esperar más que tú. El estudio Las mujeres ante los desahucios, publicado por el Instituto de las Mujeres, señala la especial vulnerabilidad de las mujeres solas con menores a cargo y de las migrantes: a la inseguridad laboral pueden sumarse trabas administrativas y dificultades para acreditar los requisitos que exige un arrendador.

No es una descripción de todas las mujeres ni una tasa nacional actual de desahucios por sexo. Es una explicación de por qué tener menos ingresos y más responsabilidades vuelve más difícil encontrar otra puerta abierta cuando se pierde una casa.

A esa ecuación hay que añadirle algo que no cabe en una hoja de cálculo inmobiliaria: la posibilidad de salir de una relación violenta. Para quien necesita marcharse con urgencia, conseguir vivienda independiente puede ser una condición de seguridad. Si no hay un alquiler asequible, una habitación disponible o una alternativa pública adecuada, la decisión de irse se complica. La existencia de un programa estatal de soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género reconoce precisamente ese vínculo. Una política de vivienda con perspectiva feminista también debe preguntarse quién puede permitirse abandonar una casa.

Maricarmen no debería ser una excepción

El caso de Maricarmen ha provocado indignación porque permite ver, sin el cómodo filtro de los porcentajes, lo que significa perder el hogar. Había vivido allí desde 1956. La empresa propietaria le reclamaba 2.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 euros que pagaba; su pensión era de unos 1.350 euros. Su situación jurídica concreta, ligada a un antiguo contrato y a sus subrogaciones, no representa la de todos los alquileres españoles. Su vulnerabilidad, en cambio, interpela a un país donde envejecer no asegura poder permanecer en el barrio en el que has construido una vida.

Convertirla en símbolo puede ayudar a mover voluntades, pero también encierra una trampa: esperar a que una mujer tenga 87 años, use silla de ruedas y aparezca rodeada de cámaras para considerar que merece protección. ¿Qué ocurre con la madre que acepta un alquiler abusivo porque necesita conservar la plaza escolar de sus hijos? ¿Con la trabajadora que no denuncia las condiciones de un piso porque teme no encontrar otro? ¿Con la jubilada que paga a tiempo, pero sabe que no podría asumir el precio de mercado si tuviera que mudarse? Son situaciones distintas. Las une la pérdida de capacidad para decidir dónde vivir.

¿Qué ocurrirá en el Congreso? Una casa no puede depender de aguantar más

En Las Furias ya hemos hablado de cómo las mujeres hacen cuentas para protegerse y proteger a sus criaturas. La vivienda atraviesa esas cuentas: el salario que alcanza o no alcanza, la distancia al trabajo, las personas que pueden echar una mano y la posibilidad de salir de donde una no está segura. No tenemos una cifra oficial que diga cuántas mujeres sufren cada desahucio, pero sí datos suficientes para saber que la precariedad habitacional no golpea a todo el mundo por igual.

El acuerdo entre los socios del Gobierno es solo el primer paso. Falta conocer el contenido definitivo de los decretos y comprobar si logran los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. Pero, sobre todo, habrá que ver a quién protegen realmente: si frenan las subidas que expulsan a las inquilinas de sus barrios y qué alternativa ofrecen a quien está a punto de perder su casa. Una norma no se mide por el nombre que recibe, sino por las vidas que consigue proteger.

Sol vuelve a llenarse de tiendas de campaña porque demasiada gente siente que su casa tiene fecha de caducidad. La respuesta no puede consistir en pedir a las mujeres que administren mejor el miedo, compartan una habitación más pequeña o doblen turnos. Una vivienda digna debería permitirles quedarse, irse o empezar de nuevo por decisión propia. Porque una habitación propia sirve de poco si otra persona o fondo buitre decide cuándo tienes que abandonarla.

Foto de portada de: Reuters.