El 80% de víctimas de abusos sexuales que piden ayudas públicas se quedan sin compensación
Según datos del Ministerio de Hacienda, en España, entre 1998 y 2018, se efectuaron 1.356 solicitudes de ayuda pública a víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, únicamente se resolvieron de forma positiva un total de 272. Así lo afirma Josep M. Tamarit, catedrático de derecho penal de la UOC, en una investigación reciente.
A lo largo de las dos décadas que recoge esta investigación, la inmensa mayoría de estos expedientes de víctimas de abusos sexuales se quedaron sin una respuesta favorable. “Durante este periodo solo se han concedido un 20 % de las ayudas solicitadas. Es decir, en promedio, al año, se han concedido trece ayudas por un importe de 1.375 euros por persona”, revela Tamarit.
La esperanza: FAIRCOM Project
La normativa de la Unión Europea prescribe que los estados miembros deben proporcionar una compensación justa y adecuada a las víctimas de delitos sexuales. En algunos países, pocas víctimas reciben una compensación económica y de recibirlas, a menudo, el importe percibido es muy limitado.
Tamarit, investigador líder del grupo de investigación sobre victimización VICRIM de la UOC, participa en el proyecto europeo FAIRCOM, con académicos de otras universidades y organizaciones no gubernamentales de España, Países Bajos, Italia, Grecia y Letonia. Precisamente, el principal objetivo de este proyecto es mejorar las posibilidades de las víctimas de delitos sexuales de obtener una compensación justa y efectiva.
Víctimas de abusos sexuales con ayudas denegadas
En este contexto de la investigación, el especialista ha podido comprobar que, en España, aunque existe la posibilidad de pedir estas ayudas en aplicación de la Ley 35/1995, las víctimas se encuentran con varias dificultades para obtenerlas.
“Las cifras muestran que en España hay pocas solicitudes, y esto se debe principalmente a que no todas las víctimas están informadas sobre la posibilidad de reclamar”, apunta el especialista. Y en cuanto a las personas que solicitan las ayudas, a menudo les son denegadas.
De media se han concedido 13 compensaciones económicas anuales por un importe de 1.375 euros por persona.
Josep M. Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC.
Procedimientos largos y complicados
Según informa Anna Sánchez-Juárez de la Oficina de Comunicación de UOC, tras su entrevista con Tamarit, la vía principal para obtener las indemnizaciones es el proceso penal. “Si la persona agresora ha sido identificada, juzgada y condenada, el tribunal impone en la sentencia la obligación de pagar una indemnización a la víctima, que puede ser solicitada por la víctima si se ha personado como parte en el procedimiento, o, en el derecho español, también por el Ministerio Fiscal”, apunta Tamarit.
“Los procedimientos para reclamar pueden ser muy largos y complicados. La indemnización otorgada muchas veces no llega a la víctima porque el infractor no tiene recursos o el sistema judicial no es capaz de hacer ejecutar las sentencias”, añade el experto.
La necesaria protección de las víctimas
¿Y qué ocurre en los casos en los que el infractor no tiene recursos para afrontar dicha indemnización? En estos casos, Tamarit explica que los estados europeos han establecido mecanismos de compensación a cargo de fondos públicos. Estos mecanismos se basan en la idea de que el estado debe asumir el deber de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas del delito. Los pagos se hacen como símbolo de reconocimiento, de simpatía pública y de solidaridad social con las víctimas.
“En España, el sistema de ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual es gestionado por el Ministerio de Hacienda, con una concepción muy restrictiva, como muestran los datos recogidos”, remarca Tamarit.
Una situación que deseamos que se subsane y las víctimas puedan obtener el respaldo y la ayuda que necesitan para seguir adelante con sus vidas. El proyecto europeo FAIRCOM dará algunos pasos para conseguirlo.
Fuente: Oficina de Comunicación de la UOC.
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