La misoginia digital es un negocio. ¿Por qué seguimos fingiendo que es un accidente?
El Gobierno español acaba de aprobar un nuevo Plan de Igualdad que incluye medidas contra la misoginia digital y los sesgos de género de la inteligencia artificial. La iniciativa llega cuando las redes sociales han convertido el odio en una forma de entretenimiento rentable y la tecnología permite fabricar imágenes sexuales de mujeres sin su consentimiento. Quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos qué hacen las personas con estas herramientas y empezar a exigir explicaciones a quienes las ponen en sus manos.
A veces tengo la impresión de que hemos desarrollado una relación bastante peculiar con el progreso tecnológico. Podemos asumir con una tranquilidad envidiable que una aplicación sea capaz de fabricar fotografías íntimas de una mujer que jamás se ha desnudado ante una cámara, pero nos cuesta muchísimo más aceptar que alguien debería responder por ello. Discutimos sobre los riesgos de la inteligencia artificial como si estuviéramos hablando de una tormenta que se aproxima, algo inevitable que habrá que soportar con la mayor dignidad posible. Entretanto, las empresas desarrollan nuevas herramientas, quienes las utilizan descubren aplicaciones cada vez más inquietantes y las víctimas reciben recomendaciones sobre cómo protegerse. El negocio continúa funcionando.
El pasado 10 de noviembre, el Gobierno español aprobó el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una hoja de ruta que contempla más de 750 medidas hasta 2029. Entre sus novedades figuran la prevención de la misoginia digital, el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres y la incorporación de auditorías para detectar sesgos discriminatorios en los sistemas de inteligencia artificial. También se ha anunciado la creación de un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política, una iniciativa que puede contribuir a comprender un fenómeno cuyas consecuencias hemos tardado demasiado en tomarnos en serio.
No tengo ninguna intención de despreciar las medidas institucionales antes de conocer sus resultados. Sería injusto y, sobre todo, bastante perezoso. Sin embargo, me preocupa que nos acostumbremos a celebrar la creación de observatorios como si observar un problema equivaliera a resolverlo. La misoginia digital no necesita únicamente que la estudiemos; necesita que quienes facilitan su propagación asuman responsabilidades concretas. Y ahí es donde las buenas intenciones suelen encontrarse con intereses económicos considerablemente menos entusiastas.

La misoginia digital: cuando el odio se convierte en contenido
Internet no inventó a los hombres que consideran insoportable que una mujer tenga opinión propia. Tampoco inventó el acoso sexual, la humillación pública o el desprecio hacia quienes cuestionan determinados privilegios. Lo que ha hecho es proporcionar a esas conductas una infraestructura de distribución extraordinaria. Un comentario machista que antes podía quedarse en una conversación desagradable ahora puede alcanzar a miles de personas, alimentar comunidades enteras y generar una cadena de respuestas cuyo principal atractivo consiste en prolongar la hostilidad.
En Las Furias Magazine ya se abordaba esta cuestión en ¿A quién le interesa alimentar el discurso antifeminista?, un artículo que examinaba cómo la indignación se transforma en visibilidad y cómo determinados discursos encuentran incentivos para reproducirse. Conviene recuperar esa reflexión porque explica una parte del problema que solemos pasar por alto: no todos los contenidos que circulan masivamente por las redes lo hacen porque una multitud haya decidido espontáneamente compartirlos. También intervienen sistemas de recomendación, decisiones comerciales y mecanismos diseñados para mantener nuestra atención.
Sería excesivo afirmar que todas las plataformas favorecen deliberadamente la misoginia. No disponemos de pruebas para sostener semejante generalización. Pero tampoco podemos aceptar que sus algoritmos sean mecanismos inocentes cuya única función consiste en mostrarnos lo que deseamos ver. Una plataforma decide qué comportamientos tolera, cómo responde ante las denuncias y qué incentivos incorpora a su funcionamiento. Esa responsabilidad no desaparece porque el contenido lo haya publicado otra persona.
La pregunta incómoda es si las empresas están dispuestas a intervenir cuando hacerlo puede perjudicar sus intereses. Porque moderar contenidos, revisar denuncias y desarrollar sistemas de protección exige recursos, mientras que la polémica suele ofrecer una materia prima inagotable para mantener a las personas conectadas.
La misoginia digital: la imagen de una mujer ya no le pertenece del todo
La inteligencia artificial generativa ha introducido una dimensión especialmente perturbadora en esta historia. Durante años, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento suponía utilizar material que había sido obtenido previamente, a menudo en un contexto de confianza. Ahora es posible crear representaciones sexuales falsas a partir de fotografías ordinarias, sin que la persona afectada haya participado en su elaboración ni tenga conocimiento de ella.
El cambio tiene consecuencias que van mucho más allá de la reputación. Cuando una imagen manipulada comienza a circular, demostrar que es falsa no garantiza que desaparezca, ni impide necesariamente que la persona retratada experimente angustia, miedo o una pérdida de control sobre su propia identidad. La tecnología permite fabricar una situación que nunca ocurrió, pero sus consecuencias pueden acompañar a alguien durante mucho tiempo.
Un informe de ONU Mujeres sobre violencia digital en la era de la inteligencia artificial, elaborado a partir de una encuesta internacional de 2025, recoge el impacto que estas agresiones tienen sobre mujeres periodistas, activistas, escritoras y otras participantes en la vida pública. Entre las consecuencias documentadas aparecen problemas de salud mental y formas de autocensura tanto en redes sociales como en el ámbito profesional. Son resultados que deberíamos tener presentes antes de reducir estas prácticas a una discusión sobre fotografías falsas.
Siempre me ha resultado inquietante la facilidad con la que cambiamos el foco cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Ante una agresión, preguntamos por qué la víctima estaba allí. Ante el acoso digital, recomendamos que cierre sus cuentas. Ante la difusión de imágenes sexuales manipuladas, sugerimos que limite las fotografías que comparte. El mensaje termina siendo bastante parecido: si quieres estar segura, procura no ocupar demasiado espacio.
Y precisamente de espacio público estamos hablando. La violencia digital puede convertirse en una herramienta para desalentar la participación de mujeres en debates políticos, profesionales o culturales. No hace falta prohibirles expresarse cuando existe la posibilidad de convertir cada intervención en el comienzo de una campaña de hostigamiento.
La relación entre tecnología y violencia tampoco es ajena a la ficción contemporánea. En la entrevista a la actriz Julia Martínez sobre Subsuelo, publicada en esta revista, aparecía una preocupación que merece salir de las pantallas cinematográficas: cómo las herramientas digitales pueden alterar las relaciones de poder, la intimidad y las formas de ejercer violencia. La cultura lleva tiempo explorando estos conflictos, aunque la realidad se empeñe en ofrecer materiales cada vez más desagradables.

Educar a las víctimas o incomodar a los responsables
Entre las actuaciones previstas en el nuevo Plan de Igualdad se encuentra la formación de adolescentes y jóvenes sobre misoginia digital, consentimiento y privacidad. Me parece necesaria, especialmente porque muchas conductas violentas se normalizan durante las primeras experiencias de socialización en internet. Pero sería un error convertir la educación en la respuesta universal a problemas que también requieren decisiones empresariales, supervisión pública y mecanismos legales eficaces.
La alfabetización digital debe enseñar a identificar riesgos y respetar derechos, pero no puede limitarse a explicar a las chicas cómo evitar ser víctimas. También tiene que cuestionar las conductas de quienes agreden y las normas culturales que las legitiman. De lo contrario, corremos el riesgo de reproducir una pedagogía bastante conocida: las mujeres deben aprender a protegerse mientras los hombres reciben explicaciones indulgentes sobre sus comportamientos.
Esta cuestión conecta con otra reflexión publicada en Las Furias, El 8M y la fatiga feminista: ¿por qué algunas mujeres se están desenganchando del movimiento?. Resulta difícil sostener una participación pública constante cuando defender determinados derechos implica exponerse una y otra vez a la hostilidad. No deberíamos confundir el agotamiento con la falta de compromiso, especialmente cuando parte de ese desgaste procede de tener que justificar cuestiones que creíamos razonablemente asentadas.
También conviene evitar una trampa habitual en estas conversaciones: presentar cualquier intervención contra la violencia digital como una amenaza contra la libertad de expresión. Criticar el feminismo, cuestionar sus propuestas o discrepar de sus representantes forma parte del debate democrático, y defender los derechos de las mujeres no debería exigir unanimidad ideológica. Sin embargo, la discrepancia política no es lo mismo que fabricar imágenes sexuales de una persona, amenazarla o organizar campañas de acoso para expulsarla de una conversación. Mezclar deliberadamente estas conductas solo beneficia a quienes prefieren que no establezcamos diferencias.
Lo que esperamos de las máquinas dice mucho de nosotros
No creo que debamos renunciar a las posibilidades de la inteligencia artificial, ni que todas las innovaciones tecnológicas escondan una amenaza inevitable. La tecnología puede ampliar el acceso al conocimiento, facilitar tareas complejas y abrir oportunidades creativas que hace pocos años parecían imposibles. Precisamente por eso resulta tan decepcionante comprobar cómo algunas de sus aplicaciones reproducen formas de dominación que conocemos desde hace siglos.
Hace unos meses, Las Furias publicaba ¿Puede la inteligencia artificial acabar con nosotros? El miedo ha dejado de ser ciencia ficción, un artículo sobre los riesgos de perder el control de sistemas cada vez más sofisticados. Es una preocupación legítima, aunque sospecho que nuestra fascinación por los escenarios apocalípticos a veces nos distrae de problemas mucho más próximos. Mientras debatimos sobre máquinas que podrían amenazar a la humanidad en el futuro, ya existen personas utilizando herramientas digitales para perjudicar a otras en el presente.
El nuevo Plan de Igualdad ofrece una oportunidad para abordar algunas de estas cuestiones, pero su valor dependerá de las medidas que lleguen a aplicarse, de los recursos disponibles y de la capacidad para exigir resultados. También dependerá de que dejemos de tratar a las grandes empresas tecnológicas como si fueran entidades ajenas a las consecuencias sociales de los productos que comercializan.
No necesitamos que internet se convierta en un lugar donde nadie pueda equivocarse, discutir o resultar desagradable. Eso sería tan imposible como poco deseable. Necesitamos que exista una diferencia efectiva entre participar en una conversación y utilizar la tecnología para destruir la intimidad o silenciar a otra persona.
Y quizá deberíamos empezar por abandonar una excusa que se ha vuelto demasiado cómoda. Cuando una herramienta permite ejercer violencia de formas previsibles y evitables, no basta con maravillarse ante sus capacidades y lamentar después que algunas personas hagan un uso perverso de ellas. El progreso tecnológico también debería medirse por nuestra capacidad para impedir que sus beneficios dependan del sufrimiento de quienes tienen menos poder para defenderse.
Si no somos capaces de exigir algo tan elemental, tal vez el problema no sea que las máquinas estén avanzando demasiado deprisa. Tal vez sea que nuestra idea de progreso sigue dejando a demasiadas mujeres atrás.
