Violencia vicaria: 10 organizaciones feministas se unen para exigir a los poderes públicos que actúen

Están siendo meses oscuros para la violencia de género y la violencia vicaria, una forma de violencia de género que se ejerce contra los hijos e hijas para dañar a las madres. Ahora, una decena de organizaciones feministas se han unido en la recientemente creada Coordinadora Estatal VVVI, para condenar de forma enérgica esta violencia y para exigir a los poderes públicos acciones concretas para erradicarla. La Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional exige que se cumplan las leyes que protegen a niños y niñas de la violencia machista.

Violencia vicaria: 7 menores asesinados en España en el primer trimestre de 2024

Una decena de organizaciones unidas en la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional (CEVVVI), piden que, de forma urgente, se cumplan las leyes aprobadas en los últimos años para proteger a las madres y a sus hijos e hijas de la violencia machista y que se deje de mirar hacia otro lado tras los fallos en los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.

Este llamamiento se produce después del asesinato de siete menores a manos de sus padres en los primeros tres meses de este año. Una cifra que muestra un incremento de la violencia vicaria a pesar de los instrumentos legales que se han puesto en marcha y que deberían haber tenido como consecuencia una mayor protección de las víctimas.

“Las leyes no se cumplen”

“Para empezar, estamos pidiendo una medida tan revolucionaria como es que se apliquen las leyes que están ahora mismo en vigor. Desde septiembre de 2021, el Código Civil y la Ley Integral contra la Violencia de Género establecen que, salvo situaciones excepcionales y debidamente acreditadas y motivadas en base al interés superior del menor, no puede haber visitas ni encuentros de un maltratador con sus hijos e hijas. Pero vemos que las leyes no se cumplen. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023, sólo en el 12,75% de los casos más graves (es decir en aquellos procedimientos de violencia de género en los que, debido al riesgo y peligro, se han establecido medidas penales cautelares de protección) se ha eliminado el régimen de visitas del padre maltratador a los hijos/as.

“Es decir, que en el 87,25 % de los casos más graves, las autoridades judiciales permiten que los niños y las niñas sigan teniendo que estar relacionados con su maltratador o con el maltratador de sus madres. Sólo en el 0,59% de estos casos, se han establecido medidas de protección del menor para evitar un peligro o daño” afirma Francisca Granados, una de las portavoces de la Coordinadora.

El problema, afirma esta experta, es que el incumplimiento de las leyes no tiene ninguna consecuencia. “Hay que acabar con la impunidad de los sistemas judiciales y de protección que no protegen. Por eso hacemos un llamamiento urgente a los órganos competentes. Al CGPJ para que indague y sancione a quienes no aplican las leyes, pero también a Comunidades Autónomas y Ministerios para que revisen los sistemas de protección y los agujeros negros por los que se sigue desprotegiendo a las víctimas de la violencia machista”, añade Granados.

Violencia vicaria: el espejismo de los sistemas de protección

“Vivimos en un espejismo de los sistemas de protección. Incorporamos medidas de enorme relevancia en nuestras leyes de protección frente a las violencias machistas,  pero no funcionan los órganos y mecanismos de supervisión que garanticen su funcionamiento y su deber de prevención y detección“.

“Además, falta saber cuál es la consecuencia cuando  el propio Estado falla a las víctimas. En su último informe, el GREVIO (un grupo de expertas y expertos que valora el cumplimiento de los Estados del Convenio de Estambul) tiró de las orejas a nuestro país resaltando, precisamente, que no existen mecanismos para asegurar la Diligencia Debida. Una piedra angular de garantía de un Estado de Derecho. Es decir, que no hay ningún mecanismo para aprender de los fallos ni castigar las conductas que vulneran derechos fundamentales”, añade Ana María González Lupión, presidenta de Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, otra de las portavoces de la Coordinadora.

Encuentro Estatal contra la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional

El asesinato de siete menores desde el inicio de 2024 es un drama que no se puede consentir. Las instituciones deberían estar tomando, desde hace tiempo, medidas urgentes con el consenso de las organizaciones de víctimas y de profesionales. En este sentido, las organizaciones recuerdan que en el Encuentro Estatal contra la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional (#Encuentro VVVI) llevado a cabo en Barcelona los días 22 y 23 de marzo pasado, se validaron 38 medidas efectivas y realizables para acabar con la desprotección de las víctimas.

Una Hoja de Ruta que fue ratificada por organizaciones de la sociedad civil, profesionales de distintos ámbitos y representantes institucionales, que se comprometieron a aplicar, en el ámbito de sus responsabilidades, diversas acciones que aseguren el fin de la violencia vicaria y la violencia de género institucional (la que ejerce el Estado por acción u omisión). “Dos violencias que son la cara de una misma moneda, puesto que, sin la connivencia del Estado, la violencia vicaria no sería posible, o al menos, sus efectos serían mucho más limitados”, afirman las portavoces de la Coordinadora.

Formación en violencia de género en el sistema judicial

“Es urgente que exista formación obligatoria, de calidad, supervisada y realizada por personal experto en violencia de género,  para todos los actores que participan en el sistema judicial y en los organismos de protección de menores. Esta es otra medida contenida en las leyes que lleva años incumpliéndose y que podría un gran impacto en la prevención de la violencia vicaria y la violencia institucional”.

“Así lo afirmó la ONU en 2014, cuando condenó a España por el caso de Ángela González Carreño, una madre que tras denunciar en más de 50 ocasiones la desprotección que sufría su hija, la niña acabó asesinada por su padre. Poco hemos avanzado. Nuestro país no se puede seguir permitiendo esta inacción que cuesta vidas”, añade González Lupión.

La CEVVVI nació en julio de 2023, de la mano de dos organizaciones: la asociación “Mujeres Libres, Mujeres en Paz”, y la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional (VIGIAM). Dicha Coordinadora fue presentada formalmente el pasado 24 de marzo en un encuentro en Barcelona en la que participaron madres victimas de violencia vicaria y sus hijos e hijas ya mayores, con la incorporación de una decena de organizaciones.

La creación de una comisión de investigación

Su principal objetivo es lograr la plena implementación de una Hoja de Ruta que establece, entre otras medidas, “garantizar la prevención, protección y reparación integral de las madres y sus hijas e hijos, desde un estándar de derechos humanos, con perspectiva de género e infancia”.

Además, prevé la creación de una comisión de investigación formada por profesionales expertos en violencia de género que haga un diagnóstico de la desprotección de las niñas, niños y adolescentes y sus madres en los sistemas de protección y de justicia; diseñar un plan de formación continua, obligatoria, de calidad, supervisada y con evaluación continuada, para todo personal que intervenga en el tratamiento de víctimas de estas violencias y  establecer medidas de asesoramiento, atención psicológica y jurídica y de reparación del daño en los sistemas públicos de protección.

“Tiene una nota de voz pendiente”

En el marco del III Encuentro VVVI, además, se lanzó la campaña “Tiene una nota de voz pendiente”, en la que niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia vicaria y de la violencia institucional cuentan su sufrimiento y reclaman que se les escuche en las instituciones y en los sistemas de protección. Una práctica que pocas veces ocurre.

La Campaña tendrá una duración de 2 años y persigue concienciar a las y los profesionales y a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de no mirar hacia otro lado y sobre la realidad de la vulneración de los Derechos Humanos de las Infancias en nuestro país”, concluye González Lupión.