Congreso violencia vicaria: “Miles de niños y niñas en nuestro país son obligados a convivir con padres maltratadores”

El incumplimiento de las leyes y los fallos en los sistemas de detección y protección son un potenciador de la persistencia de la violencia vicaria. Niñas y niños víctimas de violencia vicaria pasan por los sistemas de Servicios Sociales y de Salud sin que se detecte su situación. El fallo de los sistemas de detección y de seguimiento tienen graves consecuencias sobre su salud y, si no se atiende adecuadamente, muchas veces es irreparable.

La violencia vicaria se ha recrudecido durante los últimos años

 “La violencia vicaria es, en este momento, el problema más grave de violencia de género que sufren día a día miles de niños y niñas en España y debe ser tratado como un tema de Estado. Sin embargo, vemos cómo muchas instituciones hacen dejación de sus funciones de detectar, proteger e imponer medidas que eviten la persistencia y la expansión de este tipo de violencia de género. El asesinato es la consecuencia más extrema, pero es solo la punta del iceberg de una realidad que provoca enorme sufrimiento y que podría evitarse si se cumpliesen las leyes y los sistemas de protección funcionasen adecuadamente”. Así lo afirmaba Francisca Granados, asesora jurídica y directora del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) en la inauguración del IV Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional (VVVI), celebrado la semana pasada en Madrid.

Profesionales de distintos ámbitos han analizado qué está fallando para que la violencia vicaria se haya recrudecido durante los últimos años. “Nuestro país cuenta con las leyes más avanzadas del mundo en violencia de género. Pero el principal problema es que no se aplican, o cuando menos, no adecuadamente. Esto es tremendo por las consecuencias que tiene en la vida de niños y niñas y de sus madres. Hay miles de menores obligados a convivir con sus padres maltratadores aunque las leyes lo prohíben”, añadía Granados.

Víctimas de segunda

La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia determina que los jueces deben suspender las visitas o las custodias a padres que estén incursos en un procedimiento de violencia machista, y que sólo podrán mantener dichas visitas justificando el beneficio para los menores y con un seguimiento de la relación paterno-filial. Sin embargo, los datos del Observatorio de violencia de género del CGPJ afirman que en 2024 sólo se habían suspendido las visitas en un 14,27% de los casos más graves, por lo que a la mayoría de los hijos e hijas se les sigue obligando a convivir con el agresor. Incluso cuando tienen una orden de alejamiento de la madre.

“Desde hace más de 10 años los hijos e hijas de víctimas de violencia de género son reconocidos por nuestra legislación como víctimas directas de esta violencia. Pero se les trata como víctimas de segunda, porque si las entidades y profesionales que deben velar por la seguridad y la protección de las niñas y niños aplicaran la ley, no estaríamos viviendo esta realidad. En demasiadas ocasiones, desde las instituciones se perpetúa y potencia la violencia vicaria. Son realidades inseparables”, afirmaba Granados.

Violencia vicaria: alertas sobre la gravedad de la situación

Las leyes de protección existen, pero no se cumplen con la diligencia debida que exige el derecho internacional. La violencia vicaria se integró en la ley contra la violencia de género en 2021 y la norma se volvió a modificar en 2022 para reconocer como víctimas directas a las madres de niños y niñas asesinados en crímenes vicarios.

La relatora sobre violencia hacia la mujer de Naciones Unidas ha pedido explicaciones al Estado español en al menos cinco ocasiones por la utilización del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el sistema de Justicia, una patología inexistente utilizada de manera recurrente para deslegitimar el testimonio de las madres y de sus hijas e hijos cuando denuncian violencia de género y/o violencia sexual intrafamiliar.

Según el organismo de la ONU, el tratamiento que reciben estas víctimas en el sistema español de Justicia equivale a “actos de violencia que pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso tortura”. También el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de Naciones Unidas y el GREVIO (Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa) han alertado en distintos informes que en nuestro país persisten estereotipos de género en la Justicia.

“No se trata de hacer una guerra contra el sistema judicial, ni mucho menos, sino de alertar sobre lo que no funciona y buscar soluciones urgentes”, aseguraba Ana María G. Lupión, responsable de programas de la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz, impulsora y codirectora de los Encuentros VVVI.

Los servicios de protección, pilar fundamental

“La violencia de género enferma a las víctimas y, en muchas ocasiones, no se detecta o no se atiende adecuadamente. Los casos se abandonan cuando entran en el sistema judicial”, explicaba Ana Mª G. Lupión. Para las organizaciones que ponen en marcha el Encuentro, los sistemas de salud y el de servicios sociales son piezas clave para proteger a los niños y niñas, ya que son sistemas amplios y capaces de generar una verdadera red de prevención y protección, pero advierten que precisan de una revisión profunda y de más formación.

“Menores que han sido asesinados por sus padres, y otros que no han llegado a ese extremo pero que arrastran graves secuelas en su salud, han pasado por pediatría y por servicios sociales, y ninguno de estos sistemas de protección han sido capaces de dar una respuesta efectiva para evitar desenlaces fatales”. Las organizaciones responsables del Encuentro VVVI reportan numerosos casos de niños y niñas que dejan de recibir atención especializada en salud cuando se judicializa su caso. “Los sistemas dejan de actuar y encontramos a estos menores años después desatendidos y con graves secuelas, sobre todo en salud mental”.

Parte del problema reside en la falta de formación adecuada del conjunto de profesionales de los distintos ámbitos implicados: salud, servicios sociales, educación y judicial. “Aplicar formación con perspectiva de género para reinterpretar la realidad requiere un cambio de mentalidad, no es tan sencillo, pero es fundamental insistir en esa línea”, afirmaba Lupión.

Asimismo, las organizaciones convocantes consideran que la influencia de la extrema derecha es un factor que no se debe minimizar a la hora de interpretar por qué la violencia de género, y la vicaria en particular, están en auge. “Se cuestiona la violencia de género y a las víctimas, y se habla de derechos humanos como si fuese algo del pasado, cuando es más necesario que nunca aplicar un enfoque derechos para revertir estas crudas realidades”.

IV Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional

Denunciar esta realidad, poner en evidencia los daños irreversibles sobre la salud de las víctimas y proponer mejoras en los Servicios de Protección son los principales objetivos del IV Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. El encuentro, en el que se ha presentado la Hoja de Ruta Estatal con 47 medidas consensuadas para erradicar estas violencias, fue inaugurado por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego y por Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. Contó, además, en la sesión de apertura, con la Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo Sastre.

Entre la treintena de profesionales que participaron en el Encuentro, figuran la psiquiatra y presidenta de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género del Hospital Clínic de Barcelona, Lluïsa García Esteve, la magistrada y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas, Isabel Giménez García, así como pediatras, juristas y trabajadoras sociales que han analizado y viven en su día a día el impacto de estas violencias en niñas, niños y adolescentes y sus madres. En el acto se presentará, además, el informe del Defensor del Pueblo sobre sobre violencia vicaria, que arroja datos actualizados sobre la situación.